Fuente: ABN
(Jesús Hernández).- El turno que pretende consumir el ex adeco Antonio Ledezma para la Alcaldía Mayor en el choque que sostendrá la oposición con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en las elecciones regionales del 23 de noviembre, está destinado al fracaso. Ledezma, ficha opositora, saltó al terreno de juego sin ser llamado por la dirigencia de su equipo y, además, sin contar con la confianza de los seguidores de este sector político. La acción de lanzarse al engramado tomada por el máximo dirigente de Alianza Bravo Pueblo (ABP), en condiciones tan adversas, ocurrió luego de la expulsión sufrida por Leopoldo López, quien sí contaba dentro de las filas opositoras con el aval requerido para vestir el uniforme de este conjunto y enfrentarse en el cotejo de noviembre, ante el insigne bateador del PSUV, Aristóbulo Isturíz.
El rechazo mostrado por la dirigencia opositora en relación a la postulación de Ledezma como candidato para el ente capitalino, obedece al escaso promedio que obtuvo este jugador en los sondeos de opinión realizados, recientemente, y, en consecuencia, con la poca posibilidad que tiene el veterano de realizar, aunque sea, una actuación decorosa ante un adversario como Istúriz que, a diferencia de él, ocupa la parte gruesa de la alineación del PSUV y goza de gran prestigio en la fanaticada venezolana. (Según estadísticas suministradas por factores opositores).
En cuanto a la negativa mostrada por los opositores de respaldar la aspiración de Ledezma de convertirse en candidato “unitario”, el dirigente abepista la calificó como una 'falta de respeto' y consideró que la pretensión de Copei, Primero Justicia, y Un Nuevo Tiempo (UNT) es colocar ante la Alcaldía Mayor a otro aspirante. Asimismo, Ledezma acusó a estas agrupaciones políticas de incumplir parte del acuerdo firmado el pasado 23 de enero, y aseguró que la misma oposición busca inhabilitarlo. 'Hay que respetar las reglas de juego, esto me parece una desconsideración', enfatizó Ledezma.
La realidad es que los principales partidos opositores: UNT, Primero Justicia y Copei, en conocimiento de las carencias de la opción que encarna Ledezma, y ante la imperiosa necesidad de alcanzar una victoria, no apoyan su designación, y en cambio estarían revisando la posibilidad de contratar los servicios de un jugador como Wilian Ojeda, que aunque viene de fracasar en las ligas municipales, es una ficha elegible y menos desgastada que la del máximo dirigente de ABP. Ojeda, pieza de UNT, por bajo rendimiento en las estadísticas, perdió ante su similar Carlos Ocariz, de Primero Justicia, la posición para optar a la Alcaldía del municipio Sucre, en el próximo evento de noviembre, y poder medirse al fuerte toletero pesuvista, Jesse Chacón, que al igual que Istúriz tiene numeritos que lo dan como amplio favorito para el careo municipal.
El año 2002, una temporada para el olvido
Luego del nefasto golpe de Estado perpetrado por la oposición el 11 de abril de 2002 y la asunción al poder del tristemente recordado Pedro Carmona Estanga, hasta entonces presidente de la cúpula empresarial (Fedecamaras), comenzó en Venezuela una frenética repartición de cargos, conocidos como “cambures” por los políticos de la Cuarta República, y en este caso Ledezma no esperó y fue por el suyo. El 12 de abril de 2002, el dirigente abepista, flanquedo por militantes de su agrupación política, trasladó la política implantada por Carmona hasta la Alcaldía Libertador.
Allí Ledezma detuvo a ciudadanos que ocupaban legalmente funciones de gobierno e instauró en el ente capitalino una pequeña dictadura tan breve como la de Carmona Estanga. Es necesario recordar que luego que los golpistas ungieron al líder empresarial como presidente de Venezuela, éste, de un plumazo, acabó con los poderes del Estado e inició en el país una cruenta persecución contra la población venezolana que había salido a la calle para solicitar se restituyera la legalidad.
El saldo de las víctimas dejadas por Carmona, en su breve gestión, fue de 46 muertos y 357 heridos. La acción acometida por Ledezma en abril de 2002, la cual vulneró principios constitucionales en perjuicio de un grupo de venezolanos contrasta abiertamente con la asumida por este dirigente opositor a lo largo de su trayectoria política, cuando por intereses personales asume causas en defensa de los derechos humanos. Durante el Caracazo, ocurrido en el año 1989 - segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP) - se produjo en Venezuela uno de los episodios más sangrientos de nuestra historia contemporánea cuando el Ejecutivo nacional para ese momento, mentor político de Ledezma en el partido Acción Democrática (AD), ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. El dictamen emanado del alto gobierno, según cifras oficiales, arrojó 276 muertes. Fuentes extraoficiales estiman que los asesinatos cometidos por las autoridades venezolanas para contener a la población, durante el Caracazo, se contabilizaron en miles de decesos. El pueblo venezolano fue masacrado por protestar el Paquete Económico, implementado por CAP, el cual había sido diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El referido paquete incluía medidas neoliberales como el incremento del 100% en los precios del combustible, aumento inicial del 30% en las tarifas del transporte público, eliminación de los aranceles para la importación, congelación de cargos en la administración pública y privatización de empresas del Estado.
Ante la masacre perpetrada contra la población venezolana en el mandato de CAP, Ledezma asumió la misma posición que la adoptada por él durante la breve dictadura de Pedro Carmona Estanga. De tal forma que, ante estos hechos, si hay algún líder de oposición “inhabilitado” para hablar sobre derechos humanos en Venezuela, Antonio Ledezma surge como una buena opción.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el Gobierno de CAP y comprometió al Estado venezolano a compensar a las víctimas de aquel fatídico episodio, la medida fue materializada en el 2004 sólo en beneficio de quienes tuvieron acceso a la instancia internacional. A finales de 2006, el Gobierno del presidente Hugo Chávez anunció mecanismos para indemnizar la totalidad de los afectados.
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