Fuente: Prensa LatinaLa Paz, 30 jul (PL) El gobierno boliviano denunció hoy planes conspirativos de cuatro cortes electorales departamentales para boicotear el referendo revocatorio de mandato popular, previsto el próximo 10 de agosto.
De acuerdo con el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, a las propuestas de frenar la consulta por parte de las instancias en Beni, Pando y Tarija, se sumó ahora la de Santa Cruz, en un abierta acción para desestabilizar al país, opinó.
Quintana señaló que esas cortes intentan darle un golpe al Congreso Nacional, en su afán de solo servir a grupos o a los restos del neoliberalismo.
Ojalá que el recurso de inconstitucionalidad sobre ese plebiscito presentado por Orlando Parada, presidente de la corte cruceña, no pase de un acto de provocación que busca la interrupción de un proceso democrático que se vive en Bolivia, manifestó.
"Estamos ante el umbral de un verdadero golpe contra el orden constitucional del país, no se trata de nada más ni nada menos de esa actitud", advirtió.
Asimismo adelantó que el ejecutivo espera que las cortes departamentales actúen con inteligencia y obedezcan las leyes de la República, porque lo contrario generará el malestar de la ciudadanía y las organizaciones sociales.
La víspera, en un encuentro con cultivadores de la hoja de coca en el Trópico de Cochabamba, el propio presidente Evo Morales denunció que persiste el riesgo de un golpe electoral desde regiones controladas por la derecha, con el objetivo de impedir ese sondeo.
El mandatario hizo la advertencia al clausurar un congreso de cocaleros en el que fue ratificado como líder del sector donde inició su carrera política.
Los prefectos de la regiones de la llamada Media Luna organizaron también en mayo y junio pasado consultas sobre estatutos autonómicos, estimados ilegales por el ejecutivo y el Congreso Nacional.
La ley de convocatoria del referendo revocatorio establece que para mantener sus puestos las actuales autoridades no pueden recibir una cifra de votos en contra superior a los sufragios favorables obtenidos cuando fueron elegidos para sus actuales funciones (diciembre de 2005).
De esa forma, el mandato del presidente sólo terminaría si sumara más de un 53,7 por ciento de boletas contrarias, mientras el rango para los prefectos oscila entre un 37,98 y un 48,03.
De acuerdo con el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, a las propuestas de frenar la consulta por parte de las instancias en Beni, Pando y Tarija, se sumó ahora la de Santa Cruz, en un abierta acción para desestabilizar al país, opinó.
Quintana señaló que esas cortes intentan darle un golpe al Congreso Nacional, en su afán de solo servir a grupos o a los restos del neoliberalismo.
Ojalá que el recurso de inconstitucionalidad sobre ese plebiscito presentado por Orlando Parada, presidente de la corte cruceña, no pase de un acto de provocación que busca la interrupción de un proceso democrático que se vive en Bolivia, manifestó.
"Estamos ante el umbral de un verdadero golpe contra el orden constitucional del país, no se trata de nada más ni nada menos de esa actitud", advirtió.
Asimismo adelantó que el ejecutivo espera que las cortes departamentales actúen con inteligencia y obedezcan las leyes de la República, porque lo contrario generará el malestar de la ciudadanía y las organizaciones sociales.
La víspera, en un encuentro con cultivadores de la hoja de coca en el Trópico de Cochabamba, el propio presidente Evo Morales denunció que persiste el riesgo de un golpe electoral desde regiones controladas por la derecha, con el objetivo de impedir ese sondeo.
El mandatario hizo la advertencia al clausurar un congreso de cocaleros en el que fue ratificado como líder del sector donde inició su carrera política.
Los prefectos de la regiones de la llamada Media Luna organizaron también en mayo y junio pasado consultas sobre estatutos autonómicos, estimados ilegales por el ejecutivo y el Congreso Nacional.
La ley de convocatoria del referendo revocatorio establece que para mantener sus puestos las actuales autoridades no pueden recibir una cifra de votos en contra superior a los sufragios favorables obtenidos cuando fueron elegidos para sus actuales funciones (diciembre de 2005).
De esa forma, el mandato del presidente sólo terminaría si sumara más de un 53,7 por ciento de boletas contrarias, mientras el rango para los prefectos oscila entre un 37,98 y un 48,03.
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